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Entra en vigor la eliminación de la incapacitación judicial: "un verdadero avance social"
07-09-2021
| Barcelona
Desde el 3 de septiembre, las personas con discapacidad ya pueden ejercer su capacidad jurídica con la ayuda de una persona mediadora.
La reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica ha entrado en vigor este 3 de septiembre de 2021, lo que ayudará a 4,5 millones de personas del colectivo y también a los casos de incapacidad sobrevenida, beneficiando así potencialmente a toda la población.
La aprobación de esta norma, impulsada por la Fundación Aequitas y CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), implica que estas personas ya no podrán ser privadas directamente de su capacidad jurídica mediante mecanismos como la tutela o la incapacitación, sino que ahora se valorará primero qué ayuda necesitan para poder comunicarse y/o tomar decisiones, recibirán la asistencia y acompañamiento necesarios, y siempre primará su autonomía y sus deseos, derechos que ahora sí se les reconoce la Ley.
La aprobación de esta norma, impulsada por la Fundación Aequitas y CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), implica que estas personas ya no podrán ser privadas directamente de su capacidad jurídica mediante mecanismos como la tutela o la incapacitación, sino que ahora se valorará primero qué ayuda necesitan para poder comunicarse y/o tomar decisiones, recibirán la asistencia y acompañamiento necesarios, y siempre primará su autonomía y sus deseos, derechos que ahora sí se les reconoce la Ley.
¿Qué cambios comporta la nueva norma?
- La discapacidad queda sustituida por una ayuda técnica en comunicación, para adaptar la declaración de voluntad de la persona a su situación y características individuales, de forma que la representación o sustitución en la toma de decisiones se mantendrá únicamente cuando el apoyo no pueda darse de jefe otra manera.
- Este apoyo será prestado por una persona mediadora: del ámbito de la psicología, el trabajo social, la educación social...
- Quedan eliminados del ámbito de la discapacidad la tutela, la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada, figuras que, según la nueva norma, no responden al sistema de promoción de la autonomía de las personas adultas con discapacidad.
- Se evita que las personas tengan que pasar por un juzgado cada vez que deseen, por ejemplo, ir al banco, comprarse una casa o hacer testamento. Ahora solo tendrán que ir a una notaría donde, con la ayuda de apoyo voluntario -de familiares, amistades...- recibirán la información necesaria para tomar sus propias decisiones que quedarán acreditadas por el o la profesional de la notaría. Solo se acudirá a la justicia en casos excepcionales en los que, a pesar de la ayuda, sea imposible conocer la voluntad de las personas.
- La norma obliga a cambiar hasta ocho leyes: las leyes Hipotecaria y del Registro Civil; la ley de Enjuiciamiento Civil en relación con el ejercicio de las acciones de determinación o impugnación de la filiación, en los procedimientos de separación y divorcio y en el procedimiento para la división de la herencia; y también la ley del Notariado y la Ley de Comercio que se acomodan terminológicamente a estos cambios.
La reacción de los expertos
"Es una fecha histórica. Después de muchos meses de insistencia y demandas, por fin se hace efectiva esta ansiada reforma, integral y ambiciosa del derecho civil sustantivo y procesal. Por fin se da cumplimiento a un mandato de Derechos Humanos de la Convención de la ONU de 2006, en concreto en su artículo 12".Luis Cayo Pérez Bueno, presidente de CERMI
"Se trata de una ley de enorme trascendencia, que nos afecta a todos, puesto que cualquiera puede vivir una situación de discapacidad. Una ley tremendamente humana"
"Implica un cambio completo de paradigma; ya no son personas sujetas a protección, sino adultos en una esfera de libertad".Ángel Martínez, presidente del Consejo General del Notariado
"Esta nueva ley nos lleva potestad y respecto a la persona, que ahora está por encima de su condición, aunque necesite ayuda".
"Estamos ante un logro, pero también ante un desafío, porque supone tener que trabajar en la autonomía de las personas. Y esto se hace trabajando la autodeterminación, es decir, la capacidad de decidir, desde qué ropa se pone hasta con quien quiere pasar las vacaciones. Hasta ahora, muchas veces eran los padres y madres los intérpretes de su voluntad, sin casi preguntar. Y el que ahora necesitamos es conciencia y trabajo por el desarrollo de la autonomía y la autodeterminación de estas personas, tanto en el ámbito familiar como en el profesional y en toda la sociedad".
"La implementación de esta norma no será fácil. En el día a día nos encontraremos con mil situaciones a superar. Los juzgados de alguna manera están perdiendo poder, y las notarías todavía no tienen profesionales adecuados para hacer la mediación. Como en todo cambio, primero va la letra y después el cambio social... Pero merecerá la pena el esfuerzo. El resultado a la larga será un gran avance para nuestra sociedad".Eduardo Brignani, coordinador del Grupo de Trabajo Psicología y Discapacidad del COPC
Finalmente, todos los expertos y representantes de las organizaciones implicadas han solicitado que los operadores jurídicos tomen conciencia de este cambio, disruptivo pero tan necesario, formando a sus profesionales en el espíritu de la reforma, y que la Administración realice las inversiones en los recursos humanos y materiales imprescindibles para garantizar el éxito de su implementación.
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